Biden termina con castigo de Trump a inmigrantes al desistir defender carga pública en Corte Suprema

El gobierno del presidente Joe Biden rechazó formalmente defender la regla de carga pública en la Corte Suprema, con lo cual da por terminado el intento de la anterior administración de castigar a los inmigrantes más pobres.

“Siguiendo la Regla 46.1 de las Reglas de esta Corte, todas las partes respetuosamente solicitan que este caso sea desechado… cada parte asumirá sus propios costos”, dice la petición al Máximo Tribunal.

El documento fue firmado por Elizabeth B. Prelogar, directora en funciones de la Defensa General del Departamento de Justicia, y Barbara Dale Underwood, Defensora General de la oficina del Fiscal General.

Este nuevo paso ocurre luego de que el 2 de febrero, el presidente Biden firmó la “Orden Ejecutiva sobre el restablecimiento de la fe en nuestros sistemas legales de inmigración y el fortalecimiento de los esfuerzos de integración e inclusión para los nuevos estadounidenses” (“Executive Order on Restoring Faith in Our Legal Immigration Systems and Strengthening Integration and Inclusion Efforts for New Americans”), cuya Sección 4 pidió la revisión y acciones consecuentes sobre la carga pública.

“Revisión inmediata de las acciones de la agencia sobre la inadmisibilidad de la carga pública”, pidió el presidente en la orden.

Aunque la regla mencionada no fue una creación del gobierno del presidente Donald Trump, éste hizo una reinterpretación e intentó endurecer la normativa que se aplica a inmigrantes, acusando que los inmigrantes que pedían ayudas sociales eran un riesgo para las finanzas del país.

La petición al Máximo Tribunal también incluye a los defensores de inmigrantes, entre ellos los representantes de los estados de Nueva York, Connectituc, Vermont y la ciudad de Nueva York, además de los abogados de las organizaciones Make the Road New York, Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiatica-Americana, Catholic Charities Community Services y Catholic Legal Immigration Network.

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no estaba aplicando la regla, debido a lo pleitos legales que llegaron hasta la Corte Suprema.

Sin embargo, los defensores de inmigrantes y grupos que les ofrecen distintos servicios alertaron que los no-ciudadanos estaban rechazando ayudas sociales, como cupones de alimentos, apoyo para vivienda, incluso atención por COVID-19, por temor al castigo cuando solicitaran la “green card” o la ciudadanía.

laopinion.com

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